El alquiler turístico también se ha convertido en ‘culpable’ de los males de la vivienda en Portugal. El gobierno luso ha aprobado medidas para atajar el incremento de arrendamientos de corta estancia frente al alquiler tradicional con la prohibición de abrir nuevos apartamentos turísticos en Lisboa, Oporto y gran parte del litoral portugués, además de añadir un recargo del 15% en las tasas que pagan habitualmente.
Esta medida se impondrá sobre más de 108.000 viviendas de uso turístico, lo que supone alrededor del 1,8% del todo el parque residencial en Portugal. Con esta “contribución extraordinaria” del 15%, que en un principio iba a ser del 35%, el alquiler turístico se une a otros sectores como el energético o el de la gran alimentación. La patronal del alquiler turístico también lamenta la posibilidad abierta en las comunidades de propietarios de suspender licencias ya concedidas si lo votan dos tercios de los vecinos de un mismo edificio. Según las estadísticas, unas 70.000 unidades se encuentran en propiedades horizontales.
El gobierno luso lleva negociando desde febrero medidas para frenar el incremento de los precios y del alquiler ante la dificultad de muchos portugueses de acceder a una vivienda. A todas estas iniciativas ante el alquiler turístico, se unió el fin de la Golden Visa para ciudadanos extranjeros cuando invirtieran en la compra de una vivienda en territorio portugués. Casi 12.000 permisos de residencia en casi 10 años desde su puesta en marcha.
Otro de los puntos en conflicto era el alquiler forzoso de viviendas vacías, que los organismos oficiales concentran en más de 723.000 unidades. Pero la situación ha quedado en una medida excepcional a la que recurran los ayuntamientos, “siempre que garantice la función social de la vivienda”.
